Municipalismo y democracia directa 
Indymedia Barcelona - Lunes.11 de abril de 2005 -  
 
 
Per alasbarricadas

¿Qué es el municipalismo?

No todo el trabajo anarquista se centra en los lugares de trabajo o los sindicatos. Además de en las cuestiones económicas muchxs activistas libertarixs actúan en sus barrios, llegando a crear un movimiento social de base organizado al margen de los partidos políticos. Según la teoría anarquista cada calle y cada barrio debería tener su asamblea para gestionar su zona, la ciudad debería ser una federación de barrios. A nivel de un pueblo o de una aldea, las asambleas podrían llegar a agrupar a toda la comunidad. El objeto de este trabajo en los barrios y pueblos debe ser el de crear contrapoderes a las autoridades municipales, que muchas veces actúan como auténticos caciques, defendiendo intereses económicos distintos a los de la comunidad. Este doble poder podrá servir de base a una sociedad libertaria en el futuro.

El poder en los municipios pequeños suele estar en manos de políticos que entienden la política como una forma de hacer negocio. En las ciudades más grandes las decisiones de los ayuntamientos están muy alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo cuando la gente se organiza y se moviliza puede llegar a influir decisivamente en las decisiones de los ayuntamientos o incluso hacer que los ayuntamientos adopten las decisiones de las asambleas ciudadanas.

El municipalismo busca redefinir la acción política rescatando la tradición de participación local. En el municipio, por ejemplo, es posible la descentralización y la escala humana, que suplanten paulatinamente los gobiernos centralizados de las grandes ciudades. No importa que estas experiencias al principio sean aisladas y en algunos casos fracasen. Lo valioso de la tarea inicial es su facultad educativa. Es necesario recuperar la práctica y la experiencia participativa de las personas y las comunidades.

¿Por qué están los anarquistas a favor de la democracia directa?

Para los anarquistas, el voto democrático directo sobre decisiones políticas dentro de las asociaciones libres es el contrapunto político del acuerdo libre. La razón es que "muchas formas de dominación pueden ser emprendidas de ’una manera ...libre, no-coercitiva .. y es ingenuo .. pensar que la mera oposición al control político en sí nos llevará al final de la opresión" [John P. Clark, Max Stirner’s Egoism, p.93].

Una vez que una persona se asocia a una comunidad o a un puesto de trabajo, él o ella se convierte en un/a "ciudadano/a" (a falta de mejor palabra) de esa asociación. La asociación se organiza alrededor de una asamblea de todos sus miembros ( en el caso de grandes centros de trabajo y de pueblos, esta puede ser un sub-grupo funcional tal como una oficina específica o un barrio). En esta asamblea, en acuerdo con otras, se define el contenido de sus obligaciones políticas. Actuando dentro de la asociación, la gente debe ejercer juicios críticos y elegir, es decir, gestionar sus actividades. Lo cual quiere decir que la obligación política no se le debe a una entidad aparte por encima del grupo o sociedad, tal como el estado o la empresa, sino a los "con-ciudadanos".

Aunque el pueblo en asamblea legisla colectivamente las reglas que gobiernan su asociación, y están sujetos a ellas como individuos, también son superiores a ellas en el sentido de que esas reglas siempre pueden ser modificadas o abrogadas. Colectivamente, los "ciudadanos" asociados constituyen la autoridad política, pero como esta autoridad está basada en relaciones horizontales entre ellos mismos más bien que en relaciones verticales entre ellos y la élite, la "autoridad" es no-jerárquica ("racional" o "natural", ver Sección B.1 "Por qué los anarquistas están en conra de la autoridad y la jerarquía").

Claro que podría alegarse que si estás en minoría, eres gobernado por otros. Ahora bien, el concepto de democracia directa tal como la hemos descrito no está necesariamente ligado al concepto de gobierno de la mayoría. Si algunos se encuentran en minoría en una votación particular, esa persona tiene entonces que elegir si consiente o se niega a reconocer la decisión como obligatoria. Negarle a la minoría la oportunidad de ejercer su juicio y su elección es infringir en su autonomía e imponerle una obligación que no ha aceptado libremente. La imposición a la fuerza de la voluntad mayoritaria va en contra del ideal de la obligación auto-asumida, y por eso va en contra de la democracia directa y la libre asociación. Por lo tanto, lejos de ser una negación de la libertad, la democracia directa dentro del contexto de la libre asociación y la obligación auto-asumida es la única manera de alimentar la libertad. No hace falta decir que, una minoría, si permanece dentro de la asociación, puede apelar su caso y tratar de convencer a la mayoría de su error.

Los lazos entre las asociaciones siguen el mismo modelo que las asociaciones. En lugar de individuos unidos en una asociación, tenemos asociaciones unidas en confederaciones. Los enlaces entre asociaciones dentro de una confederación son de la misma naturaleza horizontal y voluntaria que en las asociaciones, con los mismos derechos de "voz y salida" de sus miembros. [...] [sección A.2.11 del FAQ anarquista] Un poco de historia

La democracia es el proyecto político que intenta hacer efectivas la igualdad y la libertad. El origen etimológico de la palabra democracia (demos: pueblo, kratos: poder) expresa completamente su significado. La democracia es el poder del pueblo, es decir, aquella forma de gobernar en la cual es el pueblo quien gobierna. Pero, desde la antigüedad, también significa algo más, la democracia es el régimen de la libertad y de la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Es decir, un régimen político donde gobierna el pueblo pero no identificable con la dictadura de la mayoría, porque es el gobierno de la autolimitación, en el cual el ejercicio del poder debe respetar las libertades de todos, en el cual se contemplan tanto los derechos de las mayorías como los de las minorías.

En la democracia de los antiguos griegos, de la cual conocemos especialmente la experiencia de Atenas, la democracia se ejercía en la polis por los ciudadanos reunidos en asamblea, se designaban por sorteo los cargos públicos más importantes y se desconocía y rechazaba casi completamente la representación.

La democracia antigua era una democracia directa definida sobre un ámbito restrictivo de ciudadanía. Su rasgo esencial era el ejercicio directo y efectivo del poder por los ciudadanos, una democracia no representativa. Se ejercía en marcos humanos pequeños desde la perspectiva contemporánea: polis que no superaban los 50.000 ciudadanos. La limitación fundamental de la democracia antigua era su concepción reducida del ámbito de la ciudadanía, que era negada a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros.

Para un examen detallado del significado de la democracia antigua y de su relación con la democracia moderna nos hemos de remitir a la obra de Castoriadis que subraya cómo Grecia fue el lugar donde surgió la democracia y lo hizo prescindiendo de la idea de representación y del predominio de los expertos en la toma de decisiones políticas.

La diferencia esencial entre la base social que hizo posible la democracia griega y el mundo contemporáneo hace imposible un modelo imitativo, pero nos sitúa ante lo esencial para hacer posible una sociedad democrática: la necesidad del ciudadano, del protagonista de la autonomía y de la democracia. Si el sujeto que hace posible Occidente cediera definitivamente su puesto a los representantes y a los técnicos, la democracia se convertiría en inviable.

(Fuente: Juan Manuel Vera. Hacia una democracia libertaria)

Kropotkin explica perfectamente cómo durante la edad media existieron por toda Europa municipios libres que eran la continuación de lo que llamaba la comuna del pueblo -que era un tipo de comunidad primitiva común a todas las sociedades primitivas- y de las hermandades y las guildas que se contruyeron fuera de la entidad territorial.

En alguna región fue un desarrollo natural. En las demás -y fue la regla general para la Europa occidental - fue el resultado de una revolución. Cuando los habitantes de un determinado burgo se sentían suficientemente protegidos por sus murallas, formaban una conjuración. Prestábanse mutuamente juramento de abandonar todos los asuntos pendientes concernientes a los insultos, las luchas o las heridas, y juraban para desde allí en adelante no recurrir jamás, en las querellas que pudieran ocurrir, a otro juez que no fuera los síndicos que ellos mismos nombraban. En cada guilda de arte o de buena vecindad, en cada hermandad jurada, esto era ya desde hacía mucho tiempo la práctica regular. Tal había sido la costumbre antaño en cada comuna de pueblo, antes que el obispo o el reyezuelo llegara a introducirse y más tarde imponer su juez. [...]

La calle o la parroquia, representaba la unidad territorial, que responde a la antigua comuna de pueblo. Cada calle o parroquia tiene su asamblea popular, su forum, su tribunal popular, su sacerdote, su milicia, su estandarte, y a menudo su sello, símbolo de la soberanía. Federada con las demás, conserva no obstante su independencia.

La unidad profesional, que a menudo se confunde, o poco le falta para ello, con el barrio o el sector, es la guilda, la unión de oficio. Esta conserva aún sus santos, su asamblea, su forum y sus jueces; tiene su arca, su propiedad territorial, su milicia y su estandarte. Conserva asimismo su sello y del propio modo continua siendo soberana. En caso de guerra, su milicia marchará, si así se juzga conveniente, añadiendo su contingente al de las demás guildas y plantará su estandarte al lado del estandarte principal (carosse) de la ciudad.

La ciudad, en fin, es la unión de los barrios, de las parroquias y de las guildas, y tiene su plena asamblea en el gran forum, su gran atalaya, sus jueces elegidos, su estandarte para aliar las milicias de las guildas y de los barrios. Trata en calidad de soberano con las demás ciudades, se federa con las que quiere, pacta alianzas nacionales o fuera de su nación. Los Cinco puertos ingleses alrededor de Douvres estaban federados con puertos franceses y norleandeses del otro lado del canal de la Mancha, la Novgorod rusa es la aliada de la Hansa escandinavogermánica, y así otras muchas por el estilo. En sus relaciones exteriores cada ciudad posee todos los atributos del Estado moderno, y desde esta época se constituyó, por medio de libres contratos, lo que más tarde debía conocerse con el nombre de derecho internacional, colocado bajo la sanción de la opinión pública de todas las ciudades, y más tarde muy a menudo violado, mejor que respetado, por los Estados.

(Pedro Kropotkin. El Estado )

En los siglos XV hasta el XIX el municipalismo en Europa vino ligado a revoluciones y revueltas en numerosos puntos del continente. Destacan por su intensidad la Revolución Francesa en la que se formaron 36.000 comunas, las barricadas de los barrios de París en 1848 o de la Comuna de 1871 típico ejemplo de cómo funciona una ciudad libertaria. Los 48 barrios de Paris funcionaban de forma autónoma, tenían sus propios servicios y eran gestionados por sus propias asambleas. A partir de la federación de las distintas asambleas de los barrios se formó La Comuna. Las comunas o municipios libres tienen como característica que es el municipio quien gestiona la economía y no un organismo económico independiente (el sindicato, el soviet o el consejo obrero). Dentro de estas revoluciones cabe destacar la revolución cantonalista que tuvo lugar en España durante la I República.

En el siglo XX se han dado numerosos casos de municipios libres destacando la revolución mexicana que fue eminentemente municipalista. Aunque también se dió en revoluciones menos conocidas como la insurrección de Tracia. En tiempos más cercanos se ha tendido a la formación espontánea de asambleas de barrio durante los tiempos turbulentos como el mayo del 68, la revolución de los claveles portuguesa o la transición española. Experiencias de democracia directa en la actualidad

Como vemos el municipalismo ha sido una cosa bastante habitual a lo largo de la historia. No es extraño que un barrio o todo una ciudad se autoorganice mediante asambleas ciudadanas. Ahora pasaremos a ver algunas experiencias y proyectos que están en marcha en la actualidad.

* Municipalismo libertario 
* Municipalismo de base 
* Asambleas barriales de Argentina 
* Cabildos populares en Latinoamérica 
* Partidos políticos de broma: Participando en el pasteleo electoral 
* Campaña del voto a Nadie

Objeciones

Los anarquistas defendemos un tipo de democracia directa que no se basa en votaciones ni en juegos de mayorías y minorías, sino en la asamblea y en el consenso. Creemos en una sociedad horizontal donde nadie tenga más importancia que otra persona. Creemos en una sociedad en la que no se formen jerarquías ni grupos de poder. Kropotkin les repetía una y otra vez a los socialistas "creeis que vais a conquistar el estado, y será el estado quien os conquiste a vosotros". No se equivocó.

El municipalismo libertario de carácter electoralista, en la teoría es una idea facilmente realizable, bastaría con tener un programa político atrayente y hablar con la gente, convencerles y conquistar el ayuntamiento (de momento siempre se quedan en el nivel municipal). A partir de ahí comienzan los problemas, ¿cómo se compagina estar en el gobierno con las ideas libertarias? ¿Se puede abolir el ayuntamiento? ¿cómo se evitan los liderazgos? Hay mil preguntas que surgen con el asunto de presentarse a las elecciones municipales. El sistema está acostumbrado a recuperar todo tipo de movimientos subversivos, ¿cómo evitar hacerle el juego? ¿cómo evitar entrar en el sistema? Incluso en Argentina se habla de ceder cierto poder a las asambleas populares, darles cierta capacidad de decisión con el objeto de jerarquizarlas y eventualmente dividirlas y debilitarlas.

En agosto de 1998 se celebró en Lisboa una conferencia sobre ecología social y municipalismo libertario en la que intervinieron las principales figuras de este movimiento. Durante meses se la atacó duramente desde la AIT y desde otros colectivos por hacerle el juego al estado y ser una forma de anarco-capitalismo por no buscar su abolición inmediata, por interclasista y demás. En estos textos se mezclan las críticas justas y los ataques políticos, aunque es interesante leerlos.

Otra cuestión que surge ultimamente es la llamada democracia participativa. Se trata de acercar las instituciones democráticas burguesas a la gente. Es lo que se podría llamar democracia directa burguesa. El caso típico de esta pseudo-democracia directa es Suiza. La idea se basa en referendums cada cierto tiempo que son los que van determinando la política local del cantón. Desde luego es todo un avance, pero no se acerca a la idea de democracia directa libertaria.

Enlazando con esta cuestión surge la llamada democracia participativa. Impulsada desde ciertos partidos socialdemócratas o verdes, tratan de que ciertas decisiones las tome el pueblo. Se conocen las experiencias de Portoalegre, en Brasil y la de Marinaleda, en Andalucía, pero sin duda existen más ejemplos. Ante estos ejemplos baste repetir aquí la opinión de la CNT sobre Marinaleda y las imperfecciones de este modelo::

Las democracias participativas

Ponen como un buen ejemplo local el del municipio sevillano de Marinaleda, gobernado desde 1979 por la CUT, partido integrado en Izquierda Unida. En este pueblo de 2.500 habitantes, su ayuntamiento muestra lo que llama un "poder participativo", consistente en asambleas populares, plenos que llevan a cabo lo que se decide en asamblea, un senado popular de carácter "autoeducativo", el trabajo comunitario voluntario a través de los "domingos rojos", etc.

Pero, detrás de este aparente caso de democracia popular, hay en realidad el ejercicio de un poder cerrado y personalista. El alcalde del pueblo, el famoso líder del SOC (Sindicato de Obreros del Campo) Juan Manuel Sánchez Gordillo, lleva 22 años en el gobierno local, y decide toda la vida política de Marinaleda. Como denuncia el antropólogo Félix Talego en su investigación Cultura jornalera, poder popular y liderazgo mesiánico: Antropología política de Marinaleda (Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1996), este pueblo está dirigido por una entidad política fuertemente centralizada que lo decide todo. Con un discurso legitimador propio que intenta remarcar las diferencias respecto al poder dominante, en verdad, se está reprimiendo toda disidencia en el pueblo (lo que se llama "la contra") mediante el aislamiento social, con una manipulación por parte del líder, Juan Manuel, que es el único que puede hacer análisis políticos en las asambleas, en la radio municipal, en las intervenciones durante las luchas o en los trabajos voluntarios. En opinión de Félix Talego, el movimiento jornalero de la localidad "ha sido atrapado por una estructura de poder que ha supeditado todo a su propia continuidad y que ha convertido la protesta en un ceremonial en el que es ya difícil saber quien va convencido y quien por obligación".

Cuevas Noa, Periódico CNT nº 277. Marzo 2002

Mira també:

http://www.alasbarricadas.org
 

Opinión
El municipio, sus autoridades y la población 
Lic. Valentín Barahona Mejía 
END - 19:52 - 18/06/2010

El municipio es la célula básica de la división política administrativa de la nación nicaragüense. Sólo a través del municipio es posible echar a andar la maquinaria política, económica y social de todo el país. Aunque la Constitución Política establece también como división los departamentos y regiones, estas conformaciones territoriales únicamente cumplen una función más política que de naturaleza administrativa. Por esa razón, no existe un vínculo orgánico jurídico entre el departamento y la institución denominada municipio. Por ese motivo es que el Estado ha puesto mayor énfasis en el municipalismo, dividiendo todo el país en 153 municipios.

El Estado ha dotado al municipalismo de importante estructura jurídica, para que cumpla los fines y objetivos, como regular el transporte, recolectar la basura, impulsar obras de progreso comunitarias, aplicar las leyes urbanísticas, etcétera. El municipio cuenta con las leyes siguientes: Plan de Arbitrios Municipal, que define los impuestos; Ley de Municipios, que regula el funcionamiento del gobierno municipal; Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI}; Ley de Solvencia Municipal (quien compra un inmueble no puede inscribirlo si no tiene la solvencia municipal), Ley de Régimen Presupuestario, etcétera.

La Ley de Régimen Presupuestario regula los ingresos y egresos que tiene el municipio. Establece los parámetros para asignar el salario del Alcalde y demás funcionarios edilicios. La mencionada ley clasifica a los municipios según sus ingresos tributarios: “A” Managua, “B” con captación de 10 a 50 millones de córdobas; “C”, de 6 a 10 millones; “D”, de 2 a 6 millones; “E”, de 1 a 2 millones; “F”, de 650 mil a 1 millón; “G”, de 400 mil a 650 mil; “H”, de 400 mil en adelante.

El derecho es un fenómeno dinámico, dialéctico, que transforma la realidad social. El Derecho, por medio de la ley, norma y regula la vida colectiva e individual de las personas. No obstante, el hombre, en la medida en que va conociendo los bemoles de la ley, en esa medida conoce los medios y las formas para infringirlas. Ante esa actitud antijurídica, el Estado, a través del Poder Legislativo, con la participación de la sociedad, debe disponerse a enfrentar las posiciones ilegales, por lo cual es menester que cada cierto periodo actualice, evalúe, modernice las leyes en función de mejorarlas y perfeccionarlas, para subsanar los defectos que tenga el ordenamiento jurídico. Así vemos cómo el Estado nicaragüense, cambió de un solo tajo las leyes adjetivas y sustantivas en materia penal.

En cuanto al municipio, el Estado debe poner mucha atención reflexiva al cuerpo legal que regula la vida jurídica de esta institución. Toda ley tiene un administrador y un beneficiario. Las leyes municipales son administradas por el Gobierno Municipal y los beneficiarios de las mismas son los habitantes del municipio. Los disputados, dizque representan un departamento en el cual hay varios municipios y deben escuchar a sus electores sobre cómo perciben el funcionamiento de las leyes municipales, o si las normas ya son un obstáculo para el desarrollo del derecho municipal.

El principal cuello de botella de los ciudadanos en los municipios es que sus reclamos y quejas contra alcalde y concejales no tienen un interlocutor con suficiente autoridad para resolver los problemas individuales y colectivos. Hay una hermenéutica dañina y nociva sobre el principio de autonomía municipal, aunque la Constitución Política establece que la autonomía es relativa, lo que no inhibe al Poder Ejecutivo ni a los otros Poderes de Estado, de sus obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley de Municipios establece mecanismos de control para regular las conductas de las autoridades municipales.

La inobservancia a las leyes municipales por parte de los gobiernos municipales, genera crisis de gobernabilidad, corrupción, quiebras técnicas financieras, mal manejo de los recursos económicos, baja calidad en los servicios, aumentos desproporcionados del salario de alcaldes y demás funcionarios edilicios. Hay Concejos que cobijados en el principio de legalidad, elevan artificialmente la captación de impuestos, con un solo propósito: elevarse ellos mismos el salario. Bajo esa burda manipulación, hay alcaldes que ganan un salario que se aproximan al que gana el Presidente de la República.

Otro adefesio jurídico de algunos Concejos es que usan la figura de la Ordenanza Municipal para incrementar los impuestos a los contribuyentes, a lo que eufemísticamente llaman ajustes tributarios. Los Concejos se creen un pequeño parlamento, con plenas facultades para legislar en materia fiscal, cuando el más profano sabe que el único con facultades constitucionales para legislar en materia de tributos es el parlamento nacional. Hay gobiernos municipales que no cumplen con el 30 por ciento de los ingresos para obras municipales. Existen Concejos que entre sí acuerdan pagar salarios a los concejales suplentes, lo que está terminantemente prohibido por la Ley de Municipios.

Es preciso poner un alto al derroche y al mal manejo de los recursos económicos que hacen algunos gobiernos municipales. Los Consejo de Desarrollo Municipal (CDM}no son instalados, pues algunos Concejos tienen alergia en su piel, sienten picazón, a toda forma de fiscalización social. Es imperativo revisar el mecanismo de asignación de salarios del alcalde y resto de concejales. El clientelismo político está diezmando la institucionalidad del municipio. Los políticos inescrupulosos llegan al puesto de Concejal bajo la venia del alcalde, despiden trabajadores, no pagan las prestaciones laborales a los despedidos, desarticulan sindicatos, violan el fuero sindical, para luego engrosar las planillas en un ciento por ciento, con su clientela política.

Hay que hacer reformas a las leyes municipales, en las cuales se estructure una segunda instancia administrativa, con capacidad de decisión, que podría ser el Poder Ejecutivo o la Contraloría General de la República, desde donde se pueda controlar los abusos administrativos e infracciones a las leyes en que están cayendo las autoridades municipales. Por esa conducta, los más afectados son los pobladores de los municipios.
 

*Abogado y notario público 

Municipalismo y democracia directa 
Indymedia Barcelona - Lunes.11 de abril de 2005 

El municipio, sus autoridades y la población 
Lic. Valentín Barahona Mejía 
END - 19:52 - 18/06/2010

El Municipalismo 

 
Víctor Manuel Espinoza Pao

Es toda una doctrina de solidaridad entre los vecinos, orientada por valores locales, cultura y costumbres, unidos por algo en común: la comunidad en la que viven. 

Los vecinos conocen mejor sus necesidades. Cuando comparamos otros municipios observamos sus diferencias; cada uno tiene características propias, lo que es influido por la cultura, costumbres e incluso el estilo de construcción. 

La vida municipal va generando cambios, costumbres y nuevos valores, que la hacen ser a ella misma. Rubén Darío decía: “Si la patria es pequeña uno grande la sueña”. 

El Municipalismo es un concepto que se traduce en el querer y amar a ese municipio que lo vio crecer y nacer, es la patria grande soñada por Darío y que debemos hacer nuestra. Cuando estos vínculos nos aproximan generamos una gran nación. 

El Municipalismo es generado por la sociedad civil; es sentirse y ser parte de ese terruño y contribuir en la defensa de sus costumbres y valores. 

En el municipio tenemos una historia, un sentimiento, un pertenecer, sabemos que en el cementerio tenemos a nuestros familiares lo que nos hace estar unidos por sus recuerdos agradables. 

El municipalista español Rafael Gambra decía: “un perro está suelto en el pueblo y no se va al otro pueblo, al contrario pasea en el pueblo, se orina en el poste de luz como afianzando su señorío; y si este animal lo llevamos al pueblo vecino regresa a su pueblo”. Asimismo las personas que se van a otro país, la mayoría añora ese pueblo, algunos retornan, otros escriben constantemente y esperan fotografías que le describan lo que dejó atrás. 

La Asociación de Municipios de Nicaragua da fuerza a esta corriente municipalista que nos permite valorar las fuerzas y debilidades de cada municipio y el rol de cada uno en relación con otro. 

La sociedad civil viene gradualmente organizándose, cada día aparecen nuevos grupos que vienen a suplir algunas necesidades del municipio que a veces no puede realizar el gobierno municipal por limitaciones económicas o falta de creatividad. 

No olvidemos que la mayor riqueza de un municipio está en sus habitantes, partiendo del principio que viven, trabajan, y lo quieren. Esa fuerza humana si se incorpora en las actividades en que se mueve, tienden a la unidad. 

En algunos países cada municipio tiene su emblema, su escudo; esto les permite ir creando su propia memoria institucional, sus personajes locales y su caracterización específica; en algunos municipios los identifica: a matagalpinos y jinoteganos, el café; San Juan del Sur y Bluefields la pesca, Masaya y Granada, la artesanía, Boaco, Chontales y Rivas, la ganadería; todos estos municipios generan vida y le dan sentido al país. 

* El autor es abogado y notario

Fortalecen el municipalismo 
 
  
Alina Lorío L.
Corresponsal/Nueva Segovia 
departamentos@laprensa.com.ni 
La Asociación de Municipios de Nueva Segovia (Amunse), conformada desde 1992 por los alcaldes de los doce municipios neosegovianos, finaliza el año con el reconocimiento nacional e internacional como la organización municipalista más consolidada y exitosa del país.

Durante el 2006 Amunse participó en concursos de Proyectos Exitosos y luego seleccionado por siete organismos nacionales e internacionales como objeto de estudio para replicar sus experiencias en temas como hermanamiento binacional, participación ciudadana, fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y pueblos indígenas, entre otros. 

Oscar Mendoza, director ejecutivo de la Asociación Municipalista, mencionó entre los organismos que sistematizaron la experiencia de Amunse, la Asociación de Municipios de Estados Unidos (financiados por la AID), el Consejo Nacional de Desarrollo (Conades), el Servicio Holandés de Cooperación (SNV), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la CAS-UCA (oficina de investigación de la Universidad Centroamericana).

Consideró que esta organización neosegoviana también tiene amplia experiencia en temas ambientales, planificación estratégica participativa, asesoría legal, incidencia en políticas públicas, gobernabilidad, descentralización y niñez y adolescencia, “gracias a su capacidad instalada, recursos humanos calificados y en proceso de autosostenibilidad financiera”.

QUINCE POR CADA DIEZ

El funcionario detalló que en el proceso de fortalecimiento institucional, Amunse entregó este año 10 motocicletas a siete municipios de Nueva Segovia, seis computadoras y accesorios a cuatro alcaldías, cuatro grabadoras a igual número de gobiernos locales y construyó el centro de negocios binacional en el puesto fronterizo de Las Manos valorado en 100 mil dólares. 

En ese sentido destacó la relación costo-beneficio de los doce gobiernos municipales asociados en quince dólares adicionales por cada diez que aportan para el fortalecimiento institucional y mejoramiento de medios y equipos.

PROYECTOS EN CAMINO

Mendoza adelantó que la organización de ediles neosegovianos está impulsando la formulación, organización y ejecución de 12 proyectos productivos hasta por un monto de 9 mil 500 dólares cada uno, pero además ha gestionado para el 2007 otros cinco proyectos por un monto total de 5 millones 500 mil córdobas.
 

La descentralización fiscal: un reto para el Gobierno 

    Hoy, a propósito de la presentación del libro “La descentralización fiscal viable”, su autor Róger Gaitán Rodríguez manifiesta que el principal reto de los poderes Ejecutivo y Legislativo es la creación de un Código Tributario Municipal a beneficio de las 152 alcaldías nicaragüenses que carecen de un marco jurídico fiscal eficiente 
 

 
  

Adolfo Olivas Olivas
CORRESPONSAL/ESTELI
departamentos@laprensa.com.ni

El experto en municipalismo, Róger Gaitán Rodríguez, pone de manifiesto en su libro “La política de descentralización fiscal viable”, para la reducción de la brecha fiscal potencial de los municipios, el débil marco jurídico fiscal de las 152 alcaldías nicaragüenses, y plantea entre sus propuestas una concertación nacional para el reordenamiento del gasto público, a fin de contribuir al desarrollo local mediante la asignación de un mayor porcentaje de transferencias hacia los gobiernos locales. 

La investigación realizada en 25 alcaldías de diferentes regiones del país, enfatiza en la necesidad de un reordenamiento del Estado y sus instituciones, de establecer las reglas del juego más claras e impulsar un reordenamiento del presupuesto, y que haya recursos suficientes para las transferencias a las municipalidades. 
 
 

¿A partir de qué idea surge la elaboración de este libro? 

La elaboración del libro surge cuando en el año 2000 se estaba discutiendo entre la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y la Asamblea Nacional, qué porcentaje del Presupuesto General de la República debía proponerse. 

En ese entonces, nadie tenía una base de cálculos satisfactoria o confiable, entonces yo propuse a Amunic y a Prodemu-Danida (Programa de Apoyo a la Descentralización Municipal), que elaboraría una tesis de una maestría que estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

El tema de la tesis sería sobre la Descentralización Fiscal, y así es que surge la elaboración del libro, y entonces Danida (Agencia Danesa de Desarrollo Internacional) y Amunic apoyaron la iniciativa. 
 
 

¿Considera que su libro es esencial en el momento actual? 

Claro que sí, porque enfatiza en la necesidad de un reordenamiento del Estado y sus instituciones, en el establecimiento de reglas del juego más claras, y en un reordenamiento del presupuesto, que haya recursos suficientes para las transferencias a las Alcaldías. 

También es una oportunidad para que las instituciones sectoriales establezcan más estrecha coordinación de sus políticas con las políticas de desarrollo territorial para la inversión pública en servicios municipales y de desarrollo local. 
 
 

¿Existe un hallazgo especial en su investigación? ¿qué es lo nuevo que encontró? 

Lo nuevo del libro es que ayuda, principalmente, a identificar una brecha fiscal entre el ingreso municipal y el gasto necesario de los gobiernos locales. En 2003, por ejemplo, esa brecha se aproximaría a un mil 530 millones de córdobas, que equivalen al 16 por ciento del presupuesto de ingresos de la República. 

El hecho de haber encontrado ese dato le permitiría a los diputados, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a las municipalidades ponerse de acuerdo en que aquí no se puede llenar esa brecha con las transferencias, y que se necesita un porcentaje suficiente y razonable. 
 
 

Muchas de las investigaciones quedan en el olvido. ¿Cree que este libro será acogido por el gobierno, a pesar que apunta al fortalecimiento de la institucionalidad del país? 

La propuesta es bien factible porque no atenta contra la economía e indicadores de estabilidad económica, no se propone un aumento del gasto, sino que se reasignen recursos de algunas instituciones que tienen proyectos de inversión municipal para que se les trasladen directamente a las alcaldías. 

Por otra parte, porque puede permitir que se ligue la estrategia de reducción de la pobreza y de crecimiento económico con apoyo de los gobiernos municipales y de la participación ciudadana. 
 
 

En su investigación afirma que hay resistencia de los funcionarios del gobierno nacional a una real descentralización tributaria ¿Cómo se expresa esta afirmación? 

La resistencia consiste, como sabemos, en que donde existen recursos públicos hay cuotas de poder, y los ministerios e instituciones que manejan una gran cantidad de fondos para proyectos de inversión local, temen perder un espacio, una pequeña cuota de poder, si los recursos pasan a ser manejados por los gobiernos locales, que son parte del Estado, hay que aclararlo. 
 
 

En su investigación usted menciona el desequilibrio fiscal entre los gobiernos central y municipales. ¿Cuáles son las causas de ese desequilibrio? 

Las causas de este desequilibrio, se deben a que a los gobiernos locales se les hace imposible financiar las demandas de programas y proyectos que requieren las comunidades, porque el marco tributario existente en el país no permite a los municipios poder tener un nivel de recaudación fiscal suficiente para poder cubrir las necesidades del gasto municipal, incluyendo los proyectos y el funcionamiento de las alcaldías. 
 
 

Con respecto a Centroamérica, ¿qué tan grande es la brecha que tiene Nicaragua? 

Nuestra brecha es grande, pero no es tan pronunciada. Por ejemplo, en Guatemala las transferencias son del 12% del Presupuesto General de la República, en el caso de El Salvador es del 6%, en Honduras es del 5%, y en Costa Rica oscila entre el 5 y el 10%. Actualmente en Nicaragua sólo transfieren el 1.5%, que es un retroceso, porque en el año 2002 se había conseguido prácticamente el 2%. 
 
 

¿En las condiciones de pobreza del país, cuál debería de ser el porcentaje de transferencia a los municipios? 

El promedio en América Central oscila entre el 6 y 7% de transferencias a las alcaldías. La brecha en Nicaragua es del 16%, actualmente sólo se da el 1.5%. Se está planteando en un proyecto de “Ley de Transferencia”, que coordina la Comisión de Asuntos Municipales, con Amunic, Inifom, el FISE y la Red Local, que ese porcentaje para 2004 debería de iniciar con un 4%. 

El gobierno, en marzo pasado, se comprometió con Amunic y con las alcaldías del país a incrementar sobre los 150 millones de córdobas que reciben actualmente, unos 285 millones de córdobas, promesa que está pendiente de cumplirse. Pero a partir de 2004 es probable que se pueda llevar a cabo un reordenamiento del gasto público. 
 
 

¿Es probable que haya desarrollo municipal y reducción de la pobreza, mediante el proceso de descentralización tributaria? 

Hay que tener claro que el Estado, tanto a nivel central como municipal y regional en el caso de la Costa Atlántica, tiene que trabajar en conjunto y en armonía en todos los niveles. Tiene que ser una estrategia que tome en cuenta el papel de los gobiernos central y local. 

La virtud que tienen los gobiernos municipales es que son más económicos, localizan mejor los recursos e identifican mejor sus prioridades, y eso tiene un impacto en el empleo y en el desarrollo de la economía locales. 

Por el ejemplo, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) ha reconocido que con el manejo descentralizado de los programas de inversión municipal ahorra un 14% que si maneja centralizadamente. 
 
 

¿Existe alguna fórmula para articular y armonizar el régimen tributario nacional con el régimen tributario local? 

La propuesta que yo hago en mi investigación es que hay que hacer un Código Tributario Municipal, y, además, es conveniente hacer un capítulo de Tributación Municipal en un Código Nacional. La propuesta fundamental es una armonización para que haya descentralización tributaria. 

Esos principios de armonización pueden ser preservar los tributos municipales actualmente vigentes, ampliar la base fiscal del municipio y tener una política de compensación fiscal, ante posibles exoneraciones o exenciones fiscales, que el gobierno nacional otorgue a la inversión extranjera o a las exportaciones, de manera que el municipio no vea reducidos sus impuestos. 

En 2003, los municipios dejarán de percibir 577 millones de córdobas por efectos de reducción del marco tributario municipal y de exoneraciones, eso significa el 6% de los ingresos de la República, es decir, la descentralización tributaria tendría que armonizarse con el gobierno. 
 
 

Según su opinió, ¿cuáles serían los principales retos del gobierno ante el proceso de descentralización fiscal? 

El principal reto del presidente Bolaños con el tema de la descentralización y desarrollo local es fortalecer la institucionalidad, la que debe pasar por la descentralización fiscal. Hay que aprobar una política nacional de descentralización y de desarrollo que sea compatible con una Ley de Transferencia. 
 
 

¿Cuáles serían los compromisos de las alcaldías? 

Primero deben mantener una posición firme en demanda de las transferencias, y que no sean disminuidas del 3.2 % que exigían en diciembre, enero y febrero de este año, así como no bajar el nivel de recaudación municipal para dar una señal de responsabilidad en la gestión financiera, y tener un buen manejo de los recursos propios, como de los que se obtienen en concepto de transferencias. Los recursos municipales deben manejarse con transparencia administrativa, financiera, contable y con un estricto control de la comunidad. 
 
 

Los alcaldes han planteado la aprobación de un paquete de leyes, entre ellas la de Catastro y Solvencia Municipal. ¿Cuál sería el papel del Poder Legislativo en apoyo a ese proceso? 

El papel del Poder Legislativo es fundamental para una concertación política institucional, visualizando la importancia de la descentralización. La aprobación de la Ley de Transferencia permitirá una mayor producción de recursos locales, y se espera que esté dictaminada por la Comisión de Asuntos Municipales. 

También quedan tareas inmediatas para el resto del año en la Asamblea Nacional para apoyar el marco jurídico de la descentralización, como es la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, para que sea sostenible la capacidad técnica y profesional de las alcaldías. 

Además, la Asamblea Nacional tiene que aprobar la Ley de Catastro, que le da competencia a los gobiernos municipales en materia territorial. 
 
 

¿En el tema de la descentralización, cuál es lo más urgente? 

Es necesaria una concertación nacional, la aprobación de la Ley de Transferencia a más tardar en julio, la reestructuración del Programa de Inversión Pública; que la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pongan de acuerdo para reestructurar las inversiones municipales, que hoy tienen algunas instituciones centrales y que pasen directamente como transferencias a las Alcaldías. 

Se trata también de que Nicaragua entre el Grupo Consultivo en septiembre con una propuesta sólida sobre la descentralización, y esta propuesta puede ser fortalecida si Nicaragua ingresa al punto de culminación de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), donde se espera que se le condone el 80 por ciento de la deuda externa al país. 

La cooperación internacional puede ayudar flexiblemente para que estas medidas de ajustes al gasto público en apoyo a los municipios, sean factibles. 

Los consultores del Banco Mundial y de países donde hay mucha experiencia, nos dicen que no existe una receta única para descentralizar, y que eso depende del marco institucional de cada país. 

“Los nicaragüenses tenemos que hacer política de descentralización y desarrollo local acorde con nuestra visión de nación, del tipo de administración pública y democracia que apuntamos alcanzar”. 

APORTE MUNICIPALISTA 

Róger Gaitán Rodríguez, licenciado en Economía e investigador en temas de descentralización, cuenta con experiencia en asistencia técnica brindada en Desarrollo Institucional y Gerencia Municipal en alcaldías del país. Ha participado, además, en la formulación de proyectos de leyes municipalistas, entre ellas, la Carrera Administrativa Municipal, Régimen Presupuestario Municipal y Ley de Transferencia a los Municipios. 

Gaitán Rodríguez afirma que su obra “La política de descentralización fiscal viable para la reducción de la brecha fiscal potencial de los municipios”, puede servir al gobierno nacional, diputados y municipalidades, como un instrumento para armonizar políticas para la reorganización del Estado, a favor del desarrollo local y el combate a la pobreza. 

“La trascendencia social de este libro tiene mucho que ver con el desarrollo de la administración pública en beneficio de las comunidades en cada territorio, ya que apunta a una mejor asignación de recursos del presupuesto público para el gasto hacia los gobiernos municipales”, expresa el investigador.
 

 11 DE NOVIEMBRE DEL 2002 /  

     

Baltodano: Participación de los ciudadanos aún está en pañales 

    
Ex diputada Mónica Baltodano.
 
  

Adolfo Olivas Olivas y
Martha Marina González
CORRESPONSAL/ESTELI
nacionales@laprensa.com.ni

La ex parlamentaria nicaragüense, Mónica Baltodano, experta en municipalismo, presentó en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) campus Estelí, el libro “Democratizando la democracia”, que presentó como tesis al culminar su maestría en Derecho Municipal. 

Mónica Baltodano, que por muchos años formó parte del Consejo Municipal de Managua y de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, en su libro hace un análisis de los mecanismos de participación ciudadana. 

La experta municipalista concluye en su libro que en las decisiones que toman los órganos de poder de la nación, la participación ciudadana es clave para la construcción de una verdadera democracia. 

Sin embargo, advirtió que en Nicaragua “la participación ciudadana todavía está en pañales, porque los mecanismos jurídicos actuales son muy débiles”. 

Además, criticó la falta de voluntad política para que los gobernantes consulten a la ciudadanía, señalando que las reformas constitucionales ni siquiera fueron consultadas con la población, contrario a los demás países donde “la reforma de un solo artículo de la Constitución da lugar a plebiscito o consultas ciudadanas”. 

DISTANCIA ENTRE LO REAL Y LO JURÍDICO 

También expresó que el estudio realizado demuestra que existe “un distanciamiento muy grande entre los representantes y representados; entre universo real y universo jurídico, porque una cosa es lo que dice la Ley y otra es lo que ocurre en la vida real”. 

Baltodano justificó que producto de esa desvinculación y de la diferencia entre lo real y lo jurídico, se ha producido un descrédito de los representantes y de las mismas instituciones. 

El licenciado Darwin López, director de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que recibió el libro “Democratizando la democracia”, dijo que esta casa de estudios tiene mucho interés en conocer las reflexiones de la ex diputada Baltodano sobre la participación ciudadana. 

López afirmó que con la exposición de Baltodano, los estudiantes universitarios ahora tienen más elementos para hacer sus propios análisis comparando la teoría con la realidad.  
 
 
 

 7 DE DICIEMBRE DEL 2000 / EDICION No. 22215 / ACTUALIZADA 01:00 am 
 
  

Debate sobre Ley de Transferencia Municipal 

 Proponen la creación de fondo de desarrollo para los municipios  
 

Moisés Martínez - Colaborador / LA PRENSA 
nacionales@laprensa.com.ni

Un foro debate organizado por el grupo Fundemos sobre la necesidad de la aprobación de la ley de transferencia municipal se llevó a cabo el pasado miércoles. 

Al encuentro asistieron Gilberto Lindo, vicegerente económico y financiero del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), Alejandro Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), el experto en asuntos municipales Yáder Baldizón y Sergio Cuarezma, directivo del grupo Fundemos 

Gilberto Lindo de INIFOM, propuso la creación de un Fondo de Desarrollo Municipal con la cooperación de AMUNIC con el propósito de fomentar la cooperación municipal descentralizada. 

Explicó que dicho fondo estaría condicionado con la presentación de un plan de desarrollo local, el cual sería elaborado con la participación de la ciudadanía. Presentó un plan para la distribución de los recursos destinados para este fondo y de los que se logren con la aprobación de una Ley de Transferencias. 

Por su parte, Alejandro Bravo de AMUNIC, explicó que la Ley de Justicia Tributaria fue un duro golpe para la recaudación fiscal de los municipios. Por lo anterior dijo que se hace necesaria la aprobación de una ley de transferencias presupuestales del gobierno central a los municipios. Enfatizó que las transferencias municipales deben verse como un complemento de la recaudación fiscal municipal. 

Yáder Baldizón, experto municipal, señaló que lo novedoso de la ley es que se defina un sistema de transferencias transparente, equitativo y despolitizado. 

Resaltó que diferentes estudios demostraron que muchas municipalidades han sido eficientes en el uso de sus recursos y tienen una mayor prontitud para responder a las necesidades de los pobladores. 

Recordó que con la transferencia de 70 millones de córdobas que el gobierno hizo en el año 2000, las alcaldías lograron ejecutar obras con costos hasta tres veces menores que los utilizados por instituciones centrales en proyectos similares. 
 
 
 

15 DE DICIEMBRE DEL 2000 / Aprueban nueva Ley de Presupuesto Municipal 

 Detalla salarios edilicios y control a gasto del dinero comunal 
 

Consuelo Sandoval 
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

La Asamblea Nacional aprobó con amplia mayoría la ley que ordena la formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto Municipal, regulando la asignación y desembolso de los recursos conforme programas aprobados por cada concejo. 

La diputada Mónica Baltodano, impulsora de la iniciativa, aseguró que esa disposición será aplicada de forma calendarizada desde el próximo año y concluirá en el 2002, considerando que la mayoría de alcaldías requieren dotación de medios técnicos y la capacitación de su personal. 

Baltodano afirmó que la nueva legislación regula los sueldos de los munícipes electos y que actualmente vinculaban el monto de las dietas al del salario del alcalde, es decir, que se las incrementaban conforme el edil recibía un incremento. 

CREA CONTROL CIUDADANO 

La legislación permite mayor control de la ciudadanía en la formulación del presupuesto porque además de los cabildos, se añadió una comisión especial de presupuesto que deberá consultar a particulares, personalidades, asociaciones, grupos comunitarios, etc., según dijo. 

La diputada destacó que la ley presupuestaria establece la obligatoriedad para que las municipalidades asignen al menos un 40 por ciento de sus ingresos corrientes en inversiones para obras de progreso. 

La nueva Ley de Presupuesto Municipal prohíbe a los ediles salientes realizar en los últimos seis meses de su mandato, aumentos en los gastos corrientes, y establece sanciones si contravienen tal disposición, precisó. 

Apuntó que la nueva ley autoriza a los ediles a contratar préstamos de largo plazo siempre y cuando no excedan el 20 por ciento de sus ingresos corrientes.
 
 
 

20 de mayo, 2010 |   

Alcaldes contra Ley de ordenamiento territorial
 
Por Anne Pérez Rivera

nacionales@laprensa.com.ni

 

Más de un centenar de alcaldes aglutinados en la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), se pronunciaron hoy en contra del dictamen de la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya está en la agenda del plenario de la Asamblea Nacional, que aseguran lesiona la autonomía municipal.

 

Según un pronunciamiento emitido por los alcaldes, el dictamen de la ley “lesiona la autonomía municipal” y “pretende castigar a los municipios”,  porque en uno de sus articulados condiciona la entrega de las transferencias municipales. Es decir, de acuerdo a la iniciativa de Ley que ya está en la agenda base del Poder Legislativo, los municipios podrían ser sancionados y se les eliminaría la transferencia de parte del Gobierno central si no ejecutan sus planes de ordenamiento territorial.

 

“Los municipios queremos que exista ordenamiento territorial, pero no todos tienen la capacidad inmediata para crear y ejecutar estos planes (de ordenamiento). Entonces no se puede castigar a la población quitándoles más recursos”, dijo el alcalde sandinista de Tipitapa, César Vásquez, quien también es presidente de la Asociación de Municipios de Managua (Amudem).

 

La iniciativa de ley también le da más poder a los departamentos, “cuando en este país en realidad no existen instancias intermedias o departamentales que estén funcionado”, dijo por su parte el alcalde designado de Estelí , Francisco Valenzuela.

 

De acuerdo al pronunciamiento, hay cerca de 20 mociones en contra de artículos contemplados en la iniciativa de ley.

 

Sobre el tema, los alcaldes piden que la iniciativa se saque de la agenda base y se regrese a discusión dentro de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea.
 
 

31 de marzo, 2010 |  
  Va nueva ley de ordenamiento
 
Iniciativa, que estuvo seis años en las gavetas del parlamento, ha sido dictaminada favorablemente 
Alcaldías deberán tomar en cuenta zonas de riesgo, clima y vocación del suelo para regular uso de tierras 
Por: Anne Pérez Rivera
 

 
 

Para la construcción de proyectos como Casas para el Pueblo, asentados sobre el área verde de Managua, no se tomó en cuenta el ordenamiento territorial. LA PRENSA/archivo O. VALENZUELA

 
El clima, la vocación del suelo y la vulnerabilidad en zonas de riesgo, serán tres de los elementos que se deberán tomar en cuenta a la hora de planificar el uso del suelo en los municipios de Nicaragua, de acuerdo con la propuesta de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, que fue dictaminada favorablemente y está en la agenda de la Asamblea Nacional.

 

La iniciativa, que pasó en la tubería legislativa más de seis años, también contempla sanciones para los funcionarios municipales y para cualquier servidor público o ente privado que incumpla con las normas de ordenamiento territorial.

 

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, diputado Agustín Jarquín, la aplicación de la Ley de ordenamiento territorial permitirá detener o remediar casos como el departamento de Madriz, donde más del 80 por ciento de su territorio tiene vocación forestal, y sin embargo, el suelo es usado casi en un noventa por ciento para sembrar granos básicos y para el desarrollo silvopastoril.

 

“Si hubiera un buen uso del suelo, las tierras se ocuparían de acuerdo a su vocación y sin duda alguna hubiera un rendimiento muchísimo mayor en el municipio”, dijo Jarquín.

 

En el caso de Managua, la nueva ley podría resolver un gran vacío en la regulación de la distribución territorial en un municipio cuya población supera el millón de habitantes, según dijo el concejal liberal de la capital, Virgilio Gurdián.

La Asamblea Nacional aún no aprueba otras leyes en materia municipal, que ya llevan varios años de estar estancadas.
Uno de los casos más emblemáticos es la Ley de Urbanismo, que fue dictaminada desde hace unos cuatro años y Oontempla la implementación del sistema de nomenclatura direccional, urbana y vial.

También están pendientes la Ley de Sistemas de Estadísticas y Censos: la Ley de Asentamientos Humanos Espontáneos y el Código Tributario Municipal.

En la elaboración de la Ley de Ordenamiento Territorial también participó la Asociación de municipios de Nicaragua.

“La capital ha crecido desordenadamente. Después del terremoto (1972) el crecimiento ha sido desordenado. Pero la ley puede contribuir mucho”, valoró el también miembro de la comisión de asentamientos humanos del Concejo de Managua.

 

ACCIONES PLANTEADAS
 

 

De acuerdo con el artículo 45 del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, los Consejos municipales de cada zona serán los encargados de crear las instancias técnicas operativas que, entre otras cosas, velarán por el desarrollo de las capacidades profesionales necesarias para el ordenamiento y desarrollo territorial.

 

Los ediles también deberán crear las Unidades Técnicas Municipales, que desarrollarán el Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

 

Pero si “las autoridades responsables de aprobar e implementar los Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial a nivel municipal o cualquier otro nivel territorial, y que no cumplieren con esta obligación (...) serán sancionadas reduciendo o suspendiendo las transferencias financieras establecidas en las leyes de la materia”, de acuerdo con el artículo 74 del mismo proyecto a aprobar.

 

El diputado Jarquín insistió en que la nueva ley permitirá armonizar la definición económica de las áreas de un territorio con el enfoque ecológico de cuencas.

5 DE OCTUBRE DEL 2000 /       

Proyecto de ley para fijar sueldos municipales 

 

Consuelo Sandoval 
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

La comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente el proyecto de “Ley Presupuestaria Municipal” que regula los ingresos y egresos anuales de las municipalidades del país. 

El proyecto fija los montos máximos de recursos que puedan disponer sus autoridades para el pago de salario de Alcaldes, Vice Alcaldes, Secretarios y las dietas de los Concejales. 

La diputada Mónica Baldonado comentó que el dictamen contiene nueve categorías entre todas las municipalidades, dependiendo de los recursos que obtenga cada una por ingresos tributarios. 

En ese sentido, explicó, que el dictamen propone para Managua, el 1.5% de sus ingresos tributarios para destinarse en salarios y dietas; las Alcaldías de categoría B con menos de 70 millones de córdobas en recursos (León y Chinandega), se asignarán el 6%; y a las municipalidades de más bajos ingresos le corresponderá distribuirse un techo del 48% por los conceptos mencionados. 

“Es una parte de la realidad que el municipio que recauda menos paga menos y el que recauda más paga más, pero no tan exageradamente”, dijo Baltodano al analizar como la categorización de las Alcaldías establece en términos reales, la existencia de funcionarios de primera, segunda y tercera. 

“Esta Ley Presupuestaria Municipal será un ejemplo en relación al tema de los salarios, dietas y el uso de fondos como mecanismo de ingreso para el resto del Estado. Yo creo que va a dar una pauta de lo que debería ser una ley presupuestaria para la nación que regularía los exagerados que se le pagan a los funcionarios públicos”, agregó. 

Opinó que lo más importante que lograron los diputados fue desvincular el pago de dieta de concejales del salario del Alcalde. 

Actualmente se mantiene la disposición de que el 15% de la suma devengada por el edil se asigna en dietas por sesiones o comisiones a los miembros de los gobiernos municipales. 

A juicio de la legisladora, esa determinación permitirá a los concejales jugar un mejor rol de fiscalizadores de los recursos municipales. 

El dictamen podría ser sometido a discusión en el plenario del Parlamento próxima semana. 
 
 
 

José Garth Medina
Corresponsal /Triángulo Minero 
departamentos@laprensa.com.ni 
 

El delegado de Inafor en Siuna, Fadel Mercado Lazo, denunció que el gobierno municipal de Siuna está otorgando permisos de aprovechamiento forestal domiciliar a varias personas, violentando según él la ley 462 que manda al Instituto Nacional Forestal (Inafor) a extender los permisos forestales y al Marena en áreas protegidas. 

“El gobierno municipal se está atribuyendo funciones que no le competen, esos permisos son ilegales y está violando la ley”, sostuvo el funcionario. 

Según el delegado del Inafor en Siuna, han detectado varios permisos y el último fue a extendido a Asunción Alaniz donde el alcalde le autoriza 4 mil 262.99 pies tablares, de varias especies, entre ellos, el cedro real que la ley de veda forestal por medio de la ley 585, prohíbe.

PROCURADURÍA MANDA A SUSPENDER PERMISOS

El técnico de la procuraduría ambiental de la RAAN, Pablo Zúñiga, dijo que estos permisos que está extendiendo el alcalde de Siuna son ilegales . 

La procuraduría ambiental y la unidad de gestión ambiental de la Alcaldía de Siuna están trabajando en una propuesta de comercialización interna porque la Ley de Veda Forestal dice que por medio de un decreto ejecutivo se puede cambiar esta situación para que no se siga con la ilegalidad de estos permisos.

SE OPONE

En una notificación por escrito el procurador ambiental regional Julio Rodríguez, le solicita a la Alcaldía de Siuna la suspensión de estos permisos, se les hizo ver la ilegalidad y, de no cumplir, solicitará al consejo municipal de Siuna, que suspenda los permisos porque son ilegales.

El alcalde liberal de Siuna, Denis Flores Obando, dijo: “mi gobierno solicitó la anulación de siete permisos de aprovechamiento forestal en planes de manejo mínimos otorgados por la dirección de áreas protegidas en Managua”.

“Y pedimos que no se podía hacer eso en este municipio, aquí se aprobó una ordenanza de moratoria forestal en donde se autoriza al alcalde a otorgar permisos de aprovechamiento forestal hasta por diez metros cúbicos, para uso domiciliar exclusivo no para comercializar”, añadió el Alcalde. 

“Yo he cumplido con un mandato que me ha dado el consejo municipal, tratando de resolver la problemática de mi municipio, la ley dice que la máxima iniciativa en materia de ley del gobierno municipal es una ordenanza y mediante ello lo he hecho”, indicó.

El edil señaló: “¿Y qué facultades tiene un simple procurador de venir aquí a decirle al gobierno municipal qué es lo que tiene que hacer?”.

“Nosotros somos gobiernos municipales y tenemos autonomía municipal en todas las materias que inciden en el desarrollo socioeconómico en mi circunscripción territorial, porque estoy actuando bajo una ordenanza”, sostuvo. 

MADERA SIGUE SALIENDO

“Los procuradores deberían preocuparse más bien de atacar a los madereros ilegales, cada mes están saliendo más de doscientos camiones de madera por el puesto de control que tenemos en Siuna, los ilegales están terminando con la reserva de Bosawas, el mismo Inafor reconoció que autorizaron 50 mil metros cúbicos y se han exportado más de 75 mil metros cúbicos ¿y lo que está saliendo ahorita? Entonces, todo eso es ilegal”, sostuvo el edil. 

“Los permisos que estoy entregando en Siuna son legales”, añadió el alcalde liberal.

“Y si los permisos son ilegales para el Inafor, ellos también son ilegales porque están en un municipio de áreas protegidas”, concluyó
 
 

05 de junio, 2010 |  

Ley de los CAPS y medio ambiente
 
Por: Jacobo Sánchez Méndez
 
El 19 de mayo del corriente año, la Asamblea Nacional aprobó La Ley 722: Ley Especial de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que viene a facilitar la legalización de los centenares de comités comunitarios de autogestión para el abastecimiento del agua para consumo humano y el saneamiento e higiene ambiental comunitaria, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida, precisamente donde la cobertura gubernamental de tales servicios es débil o inexistente; siendo por lo tanto, una justa y ineludible decisión de los legisladores, en el marco de la celebración nacional del medio ambiente y los recursos naturales, el 4 y 5 de junio.

 

Esta ley tiene por objeto facilitar la legalización de los un poco mas de 5,000 CAPS a nivel nacional, de los cuales, casi un 85 por ciento no tienen personería jurídica, “pegón y barrera” para el crecimiento y consolidación de este ejemplo de movilización social comunitaria, que une a los pobladores rurales tras un objetivo común, proveerse de agua para la subsistencia, sin distingos, ni discriminación de ningún tipo.

 

Los CAPS podrán legalizarse de forma sencilla, económica y rápida; primero deberán obtener un Certificado de Registro Municipal, gestionado ante las Unidades Técnicas Municipales (UTM), que deberán en 30 días entregar dicho certificado. Luego deberán inscribirse en el Registro Central de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, oficina que estará bajo la responsabilidad del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), que fungirá como autoridad de aplicación, es decir, responsable de la aplicación de la ley de los CAPS; los CAPS deberán adjuntar copia del certificado de registro municipal, más los otros documentos mencionados, esta oficina del INAA, en un plazo no mayor de 120 días, deberá entregar el Certificado de Registro Central, con lo que quedará formalizada la legalización del CAPS.

 

Los beneficios de la ley a favor de los CAPS incluyen el estar exentos del pago de impuestos sobre IR, IGV, pago de impuestos por compraventas y transmisión de propiedades comunitarias de los CAPS, impuestos por las compras locales, IBI; en fin, todos los impuestos relacionados con la adquisición de maquinarias, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente a la producción, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua potable para consumo humano, así como la recolección, tratamiento y disposición de las agua servidas, además de una tarifa preferencial para la compra de energía eléctrica para los pocos CAPS de mayor complejidad técnica.

 

Alcanzada esta importante victoria social ambiental de los pobladores comunitarios; ésta ley, al promover la consolidación y legalización de los CAPS, contribuirá al manejo integral de los recursos hídricos, y a la protección de la cobertura boscosa de las fuentes de agua; y por otro lado, estará contribuyendo a alcanzar el objetivo 7 de los Objetivos del Milenio, que pretende disminuir a la mitad, para el 2015, la proporción de los pobladores sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

 

Ahora, el reto que sigue es la inmediata aprobación del Reglamento de la Ley de los CAPS, para hacer efectivos estos derechos sociales alcanzados, responsabilidad en manos del Ejecutivo, en base al trabajo preparatorio que realice el INAA, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la ley CAPS.

 

Para contribuir a lograr este reto, el Comité Organizador de la IX Feria Nacional de la Tierra (IX FNT), a realizarse el 4 y 5 de junio del corriente año en la ciudad de Matagalpa; desde la plataforma de Diálogo Ambiental, como parte de su apoyo a los CAPS, en el marco de las acciones preparatorias de la IX FNT, el pasado 26 de mayo, en dicha ciudad, presentó propuesta de reglamento de dicha ley, a fin de abrir una discusión y análisis que incida en la tarea del INAA y del Ejecutivo, con el propósito de consensuar un propuesta participativa que asegure los procedimientos del caso para hacer efectiva la aplicación de dicha ley, a favor de estas organizaciones comunitarias que realizan funciones que son responsabilidad de los gobiernos locales y nacional.

 

Las estructuras organizativas en que se aglutinan los CAPS deberán con apoyo de las organizaciones aliadas unificar posicionamiento y prioridades, para incidir en el proceso de formulación y consulta de la propuesta de reglamento que INAA como Autoridad Nacional de Aplicación de la ley CAPS, deberá impulsar de forma inmediata.

jacobosanchezmendez@yahoo.com