El Club Social de Granada o Palacio de Cultura, localizado frente al parque central, es una de  las piezas arquitectónicas coloniales más   valiosas. Se estima que posee un valor de  más de dos millones de dólares.
              Gretchen Robleto
                           La disputa por las instalaciones del Club Social de Granada, valorado en dos millones de dólares y donde funciona actualmente el Palacio de Cultura, mantiene en confrontación política y jurídica a dos importantes sectores de la sociedad granadina: más de 200 socios activos del Club Social y la Asociación de Promotores de la Cultura. 

             Veintiún años atrás, el 19 de julio de 1979, un grupo de manifestantes se tomaron las instalaciones del Club Social de Granada, frenando así a más de 108 años de reuniones o convivios de distinguidas personalidades granadinas. 

             En 1995 inicia el litigio de la propiedad por la vía judicial que presenta diferentes etapas y emana una resolución de la Corte Suprema de Justicia que manda a devolver el inmueble a los socios del Club y anular los asientos  registrales a favor de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, hoy APC, basándose en que los clubes no fueron objeto de confiscación en la  revolución sandinista. 

             DISPOSICIONES LEGALES 

             El 28 de noviembre del 2000 la Corte Suprema de Justicia declara improcedente un recurso de casación introducido por la APC en el juzgado de distrito de lo civil en Granada. 

             La disposición jurídica establece que en el término de tres días se haga  efectiva la entrega material y física de las instalaciones del Club Social y por  ende la APC desaloje el local ubicado en el centro de La Gran Sultana,  teniendo como vecina la imponente Catedral y el parque central. 

             Sin embargo, hasta la fecha el inmueble continúa funcionando como Palacio de Cultura, donde prevalece una mezcla de artesanías, música nacional y literatura de destacados personajes del ámbito político como “La ceremonia
             esperada’’ de Tomás Borge y “Nicaragua: Una década de retos” de Alejandro Martínez Cuenca con prólogo de Sergio Ramírez. 

             APC: “EL INMUEBLE DEBE CONTINUAR AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

             El secretario de la Asociación de Promotores de la Cultura, Pedro Berroterán,   sostuvo que la APC se niega a entregar el inmueble porque desde 1979 el  gobierno sandinista amparándose en la leyes 85 y 86 lo destinó para que
             funcionara como centro cultural de los granadinos. 

             “Este edificio es un legado histórico del pueblo de Granada. No es utilizado  con fines de lucro personal; por el contrario, aquí se llevan a cabo programas para los jóvenes, niños y mujeres”, sostiene. 

             “Este inmueble es del pueblo de Granada y creemos que debe seguir funcionando para los granadinos”, agregó. 

             Denuncias que las instalaciones del inmueble en disputa son utilizadas para  actividades políticas, consumo de bebidas alcohólicas y arrendamiento de espacios del edificio de dos pisos con fines de lucro, son falsas según el
             secretario y administrador del centro cultural. 

             “Las ganancias que se obtienen de las actividades que realizamos aquí son  destinadas para mantenimiento del edificio, cuando alquilamos el local para eventos sociales cobramos entre 2,000 y 2,500 córdobas”, dijo. 

             APC ALEGA MEJORAS 

             De acuerdo al secretario de la APC en La Gran Sultana, esa agrupación  destinó entre 1994 y 1995 la cantidad de 165,850 dólares para remodelación de las instalaciones del bien inmueble. 

             En 1998 asegura que se invirtieron 29,897 dólares para el mismo fin, a lo que   suman 25 mil córdobas anuales que se destinan para mantenimiento. 

             “Los socios del Club, en este caso los reclamantes, demandan el dominio de la  propiedad. Sin embargo nosotros estamos amparados en las leyes vigentes  del país y tenemos el dominio legal hasta que no se defina lo contrario”, sostiene Pedro Berratón. 

             SOCIOS DEL CLUB: “SANDINISMO FOMENTO EL ODIO ENTRE CLASES” 

             Humberto Benard, socio propietario del Club Social de Granada y nieto del fundador del mismo, don Emilio Benard, quien lo fundó el 24 de abril de 1871,  manifestó que el dictamen judicial de la entrega del edificio es “papel
             mojado”. 

             Insistió en que mantienen “una lucha legal para que se devuelva lo que es por ley patrimonio del Club Social de Granada, aunque por la vía legal ya se dictó  la entrega, ésta no se ha realizado de hecho”, apuntó. 

             A su juicio, “la lucha y odio entre las clases se fomentó a raíz del triunfo de la  revolución y esta actitud ha frenado el proceso de paz y reconciliación en  Nicaragua”. 

             Para Don Humberto Benard “las leyes en Nicaragua están en el papel y las órdenes en las armas”. 

             “Nuestra principal motivación para demandar la entrega inmediata de las  instalaciones del Club Social es que somos los propietarios”, expresó. 

             Recordó que “cuando se tomaron el Club se llevaron todo el mobiliario costoso que había, no pedimos que nos repongan esas pérdidas, pero exigimos que se  desalojen las instalaciones”. 

             PROSELITISMO POLITICO 

             “El edificio del Club es utilizado para muchas cosas, menos para promover la   cultura, allí se realizan actividades políticas y se recibe a la nueva burguesía  de Nicaragua encabezada por Daniel Ortega y su señora”, apuntó don Carlos  Benard, otro de los socios propietarios y presidente de la Junta Directiva del Club. 

             CLUB SOCIAL NO FUE CONFISCADO 

             - El Procurador de Justicia en Granada, doctor Alejandro Bosco Estrada  Sequeira, confirmó que en representación del Estado esa dependencia inició el juicio para la devolución del inmueble en 1995. 

             - “La demanda por la vía ordinaria con acción de reivindicación de nulidad de   instrumento público y cancelación de los asientos registrales en contra de la   ASPC, actualmente APC, se inició en el Juzgado de Distrito Civil”, sostuvo. 

             - La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, la APC se fue  de casación y también la CSJ resolvió que el recurso de casación era   improcedente, dejando firme la sentencia dictada por la sala civil el 19 de
             abril de 1999. 

             - “La resolución del poder de Justicia determina que se haga efectiva la  entrega material y física del inmueble porque ya los asientos registrales se   limpiaron en el Registro Público y se señala que el Club Social es dueño del
             inmueble. Ahora sólo falta la entrega material y física del mismo”, dijo el procurador. 

             - “Hubo tácticas dilatorias interpuestas, por la parte demandada. Actualmente estamos en la etapa final. Esperamos que esta semana la Juez de Distrito Civil dicte la entrega del inmueble”, añadió.